1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No. 010 de 2002.

2. Informe de la Rectoría.

1. Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No. 010 de 2002:

Se aprueba sin modificaciones.

2.1 El señor Rector informa sobre la necesidad de hacer un traslado presupuestal por valor de 200 millones dentro de los items de la partida de inversiones con recursos de estampilla para atender necesidades urgentes de la Escuela de Artes Escénicas. Al igual que otra partida por 100 millones para el Sistema de Información Institucional y de 80 millones para adecuación de aulas. Los traslados se relacionan en documento que se adjunta a esta acta como Anexo y son aprobados por el Consejo.

2.2 El señor Rector informa que el Gobierno Nacional aprobó el 75% de la partida solicitada del presupuesto adicional para las universidades públicas. El 25% restante será asignado el año entrante. Añade que la Gobernación debe tres meses de gastos de funcionamiento además de sumas correspondientes a los fondos de pensiones ya pagadas por la Universidad. Lo anterior deja a la Universidad en una situación muy estrecha de caja para terminar el año. Considera que es necesaria una partida de la Gobernación de al menos 3.200 millones para poder pagar la segunda quincena de diciembre y solicita la colaboración del señor Gobernador a ese respecto.

2.3 El Consejo acuerda la fecha del 20 de diciembre a las 2.30 p.m. para realizar el Consejo Superior donde se presentará para su aprobación el presupuesto general de la Universidad para el año 2003.

2.4 El señor Rector informa que siguiendo el mandato del Consejo Superior se contactaron cinco abogados prestigiosos para solicitarles cotización para dar un concepto sobre las propuestas presentadas al Consejo Superior por la Comisión Mixta que analizó las alternativas de solución a la situación creada por el decreto 1919 de 2002. Por acuerdo con el señor Gobernador con los Consejeros miembros de la Comisión Mixta y dos integrantes de la Junta Directiva de Sintraunicol-Cali, se escogieron tres abogados y se les solicitó un concepto a cada uno de ellos. Los conceptos de los abogados José Gregorio Hernández, Pedro Charria Angulo y Henando Herrera Vergara coinciden en afirmar que el Consejo Superior no es competente para decidir sobre el régimen prestacional o salarial de los empleados públicos de la Universidad. Los visos de inconstitucionalidad del Decreto, analizados por José Gregorio Hernández no son ostensibles para aplicar la excepción de inconstitucionalidad y tendrían que ser demandados, como el propio abogado Hernández se propone hacer. Los conceptos fueron presentados a los Consejeros miembros de la Comisión Mixta en las horas de la mañana y están a disposición de los demás Consejeros. Su costo fue de $30.500.000 pesos.

2.5 El Consejo recibe en audiencia a una comisión de directivos de SINTRAUNICOL-Cali compuesta por su Presidente el señor Carlos Alberto Rodríguez, Carlos González, Luis Carlos Moreira y Nubia de Sandoval, para informarles sobre el resultado de las consultas. El señor Gobernador les informa que como resultado de los conceptos es clara la falta de competencia del Consejo Superior para dictar normas en materias salariales y prestacionales, pero que la voluntad del Consejo para buscar salidas al problema permanece. Que es al Gobierno Nacional al que le corresponde dictar disposiciones al respecto y que la Universidad tomará la iniciativa de interponer recursos para obtener una posible solución. En tal sentido se le ha pedido a la Administración que interponga un derecho de petición para obtener una respuesta pronta del Gobierno Nacional a su solicitud de que se considere el reconocimiento de la prestaciones de carácter salarial de que gozan los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Añade que ese proceso se debe adelantar dentro de los mecanismos de concertación y diálogo que se han tenido hasta ahora y dentro de la normalidad académica. El Representante de los Ex-Rectores manifiesta que se ha hecho un esfuerzo de concertación con los interesados para encontrar salidas a la expedición de una norma que lesiona sus derechos. Los estudios que se solicitaron han servido para ilustrar al Consejo sobre las posibilidades jurídicas de las alternativas que se le habían presentado. El compromiso del Consejo fue estudiar las tres alternativas y escoger la que fuera jurídicamente viable. El resultado de los estudios es que ninguna es jurídicamente viable y que el camino legalmente correcto es demandar el Decreto 1919 . Añade que se deben buscar otros caminos, que se ha solicitado al Ministerio de Trabajo que consulte el tema ante el Consejo de Estado, solicitud en la cual la Universidad debe insistir; que se ha solicitado un pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre el reconocimiento de las prestaciones de carácter salarial que se reconocen a los funcionarios nacionales, sobre lo cual no ha habido respuesta y sobre la cual la Universidad debe presentar una derecho de petición. En el entretanto, mientras no haya una disposición en contrario es necesario aplicar el Decreto. El señor Carlos González interviene para decir que del proceso de concertación que se adelantó se generaron compromisos que se deben cumplir. Que hubo el compromiso de asumir una solución. Si se plantea un nuevo espacio de concertación queda la duda si se cumplirán sus determinaciones. Los conceptos jurídicos son instrumentos pero la gente está a la espera de una solución y no la hay. El movimiento de protesta se levantó con ese compromiso y se generaron expectativas que no se van a satisfacer. La Representante de la Ministra de Educación y el Representante del Sector Productivo, precisan que toda la discusión se ha llevado en el marco de la legalidad y que no se estableció la obligatoriedad de escoger una alternativa sino de analizar la que fuera jurídicamente viable, como está establecido en la carta que el Consejo envió al Sindicato. El resultado es que ninguna lo es. Luis Carlos Moreira expresa que el Sindicato no renunciará a la posibilidad de presión y que la posición del Consejo será presentada a la Asamblea de Trabajadores y Empleados, la cual tomará la decisión del procedimiento a seguir. El Representante Profesoral afirma que Corpuv ha tenido una acción importante en ayudar a encontrar caminos de solución al problema. Manifiesta que había entendido que una de las tres alternativas podía ser viable pero comprende que no se puede llamar al Consejo a ejecutar actos ilegales. Hace un llamado a que no se cierre el diálogo, a que se retome la discusión, se exploren otros caminos y se explique a los empleados el trabajo que se ha adelantado. El Representante del Consejo Académico manifiesta que a este organismo le preocupa el deterioro de la calidad académica ocasionado por la actividad sindical, que se reconoce la justeza de la petición pero que deben ser las instancias competentes las que deben solucionarla. El Representante Estudiantil Suplente hace un llamado a que se mantenga el diálogo y a que no se perjudiquen los estudiantes. La audiencia se da por terminada.

3.3 Prórroga del período de transición para la aplicación de la Resolución que reglamenta las Monitorías en la Universidad:

Se aprueba y al efecto se expide la Resolución No. 097 de la fecha.

3.4 Autorización, por una sola vez, para el pago retroactivo de nivelaciones y ascenso del personal docente de la Universidad:

3.5 Ampliación del plazo para la presentación del Informe de Gestión de los cargos Académico-administrativos:

3.6 Extensión de la Comisión Ad-honorem concedida al Dr. Carlos A. Hernández, Director del Hospital Universitario del Valle:

4.1 El Consejo aprueba un receso académico y administrativo ente el 23 de diciembre de 2002 y el 7 de enero de 2003.

Siendo las 11.30 a.m. se termina la reunión.

El Presidente,