Dr. ALIRIO SARDI DORRONSORO, Vicerrector de Bienestar Universitario.

2. Situación con el Megabanco.
 
 

3. Enajenación de parte de los predios del campus de la Universidad en Meléndez.
 
 
 
 

DESARROLLO:
 
 
 
 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACION GENERADA POR LA POSIBLE SUSPENSION DE LAS PRESTACIONES EXTRALEGALES PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE:
 
 

El señor Rector hace un resumen histórico de la manera como se han venido creando las prestaciones extralegales para los empleados públicos de la Universidad a través de los años. Dichas prestaciones han sido resultado de acuerdos entre la administración y los empleados, los cuales han sido reconocidos por resoluciones del Consejo Superior. Su valor actual es aproximadamente 2.500 millones de pesos anuales. Añade el señor Rector que a raíz del estudio adelantado por el Instituto Ser y Asesoría y Gestión se solicitaron conceptos jurídicos tanto a abogados particulares como a institutos oficiales sobre la naturaleza de esas prestaciones. Todos los conceptos concuerdan en manifestar que la prestaciones van más allá de la ley que determina que la remuneración de los empleados públicos es competencia exclusiva del Congreso y el Gobierno. Los conceptos oficiales parten de la base de la presunción de legalidad de los actos que reconocieron las prestaciones. 
 
 

En su reunión ordinaria del pasado 21 de diciembre el Consejo Superior decidió que a partir del 1 de enero de 2.001 todos los empleados públicos que se vincularan a la Universidad lo harán en las condiciones de ley, sin ninguna prestación extralegal y pidió a la administración adelantar el proceso de demanda de los actos administrativos que crearon las prestaciones extralegales, descartando la opción de derogarlas directamente. Así las cosas se siguió el procedimiento reglamentario de contratación de un abogado que iniciara la demanda, lo cual ha ocasionado una perturbación de la normalidad académica que amenaza con agravarse de modo que pondría en peligro la terminación del semestre en curso. Las directivas de SINTRAUNICOL, el Sindicato Mixto de Empleados y Trabajadores de la Universidad, había sido informado de que se tomaría esa medida desde el 14 de diciembre, al igual que la denuncia de la Convención Colectiva vigente por parte de la Administración, dado que el Sindicato no presentó pliego de peticiones a su vencimiento.
 
 

La Administración de la Universidad es consciente de que la Institución debe seguir haciendo ajustes para poder pagar sus deudas, a las cuales se añade ahora la suma de $9.600 millones que se le deben al Instituto de Bienestar Familiar, el cual sólo acepta pagos en términos comerciales y amenaza con embargar las cuentas de la Universidad. Todo ello llevaría a que si no se hacen ajustes en materia de prestaciones habría que reducir aun más la planta de personal para generar los ahorros necesarios para pagar las deudas.
 
 

El señor Rector presenta varias alternativas para proceder en el caso de las prestaciones extralegales. Proceder a la demanda según las instrucciones previas del Consejo, esperar el fallo que sobre la misma materia proferirá el Consejo de Estado en el caso de la Universidad del Magdalena o aplazar la consideración del asunto.
 
 

Enterado el Consejo sobre la situación y las alternativas a seguir, recibe en audiencia a los señores Carlos Alberto Rodríguez, Carlos González y Nubia Avila, representantes del Sindicato. 
 
 

El señor Rodríguez habla sobe la naturaleza legal de los acuerdos hechos a través de los años con la Administración y ratificados por el Consejo Superior, pone a disposición de los consejeros copia de las normas y manifiesta que no se pude quitar el sustento a las familias de los empleados con una decisión que los afecta en materia grave. 
 
 

El señor González manifiesta que buena parte de la crisis de la Universidad se debe a que tuvo que asumir la carga de la deuda pensional que correspondía al Estado y no es justo que sean los empleados quienes paguen el costo del reajuste que se requiere para pagar la deuda. Añade que debe haber una mayor ayuda del Estado a la Universidad. El Sindicato por su parte no patrocina a los empleados y trabajadores que tengan un mal desempeño y pide que se ponga en funcionamiento la Comisión de Asuntos Laborales del Consejo ya creada para establecer un vínculo entre el Consejo Superior y el Sindicato. Pide igualmente que se analice el peso específico que el costo de las prestaciones extralegales tiene en el presupuesto de la Universidad, que el Sindicato no considera excesivo. Plantea que deben buscarse otras vías para conseguir recursos y que la Universidad esta subutilizada y que hay un trato discriminatorio con la Universidad del Valle si se compara con otras universidades públicas. Finaliza diciendo que los empleados no van a renunciar a las condiciones mínimas de bienestar que han adquirido y que las defenderán por todos los medios. 

La señora Avila reitera la necesidad de que se obtengan recursos por otros medios como las actividades de investigación y extensión, y se logren economías en la reestructuración de los procesos. Dice que ha habido en la Universidad un sentido de pertenencia durante la crisis y que todos los estamentos han aportado a su solución, pero que se deben respetar los derechos adquiridos y no se debe disminuir la calidad de vida de los empleados. Solicita que se reconsidere la medida.
 
 

El Señor Gobernador agradece a la comisión sindical su asistencia y manifiesta que está de acuerdo en que se exploren las posibilidades de dar un mejor uso a la planta física de la Universidad en las horas de la noche, tema en el cual ya se está trabajando. Manifiesta que lo más importante es tener conciencia de que la Universidad debe rediseñarse y que junto con el Rector y otros Gobernadores y Rectores, están adelantando gestiones para conseguir mayores recursos para las universidades territoriales y un trato más equitativo de parte del Gobierno Nacional.
 
 

El Representante del Presidente de la República manifiesta su rechazo a las acciones de hecho, como paredes pintadas con frases ofensivas, que han llevado a que el edificio de la Administración Central hay tenido que ser pintado varias veces, cuando ha habido siempre disponibilidad para el diálogo. 
 
 

La Comisión sindical abandona el salón del Consejo.
 
 

Los Consejeros debaten el tema de las alternativas a seguir. 
 
 

La Representante Profesoral afirma que no está de acuerdo en que se demanden las prestaciones extralegales y que el profesorado se uniría con los empleados públicos en su rechazo a esa medida porque considera que son derechos adquiridos en acuerdos avalados por Consejos Superiores anteriores. Propone que se espera a que se termine el proceso de reestructuración para estudiar el asunto. 
 
 

El Representante Estudiantil manifiesta que no es el momento de tomar esa medida cuando hay un proceso de reestructuración en marcha y que deben dedicarse las energía a sacarlo adelante. 
 
 

El Vice-Rector Académico manifiesta que es partidario de una política gradual de ajuste y que los profesores han contribuido de modo importante a ella. Propone que se establezca una comisión en donde se pueda llegar a un acuerdo razonable sobre el tema. 
 
 

El Representante del Consejo Académico manifiesta que ve en el Sindicato una actitud de diálogo y que debe establecerse ese diálogo a través de la Comisión de Asuntos Laborales del Consejo, para que ésta sea el espacio donde se discutan estas inquietudes.
 
 

La Representante del Ministro de Educación manifiesta que el Consejo Superior ordenó estudiar el asunto de las prestaciones extralegales para aclarar la legalidad de los actos que las decretaron, que está de acuerdo con que no se tomen todas las medidas de ajuste al mismo tiempo, pero que son muchas las empresas públicas y privadas que están siendo sometidas a reformas similares. Expresa su respaldo al Rector y manifiesta que una vez se produzca el fallo del Consejo de Estado sobre la Universidad del Magdalena se debe retomar el tema.
 
 

El señor Gobernador manifiesta que nadie puede decir que esas prestaciones extralegales son ilegales, puesto que gozan de presunción de legalidad. Son actos válidos hasta cuando la autoridad jurisdiccional diga lo contrario. Recomienda esperar el fallo del Consejo de Estado en el caso de la Universidad del Magdalena y entonces retomar el asunto. Pregunta a los Consejeros si están de acuerdo con esa propuesta y el Consejo la acoge. Igualmente se solicita a la Administración que presente una propuesta de reglamentación de la Comisión conjunta del Consejo y el Sindicato que estudiaría este tema y otros relacionados. 
 
 
 
 

2. SITUACIÓN CON EL MEGABANCO:
 
 

Respecto de Megabanco, acreedor de la Universidad que solicita la entrega del edifico de la Fundación Universidad, con un pacto de retroventa a siete años, para plegarse al otrosí del acuerdo general de pago, el Consejo recomienda al señor Rector que insista en que el edificio de la Fundación Universidad sea dado como garantía y no en dación en pago, a pesar de las condiciones de retroventa que se han propuesto.
 
 
 
 

3. ENAJENACIÓN DE PARTE DE LOS PREDIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD EN MELÉNDEZ PARA PAGO DE DEUDA:
 
 

Respecto de la entrega a los acreedores de parte del campus que no está comprometido con los planes de desarrollo y expansión de la Universidad, el Consejo recomienda que antes de discutir el tema se explore la voluntad del donante de aceptar una negociación de este tipo y autoriza al señor Rector para hacer esos contactos.
 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo la 1:00 p.m se termina al reunión.